El 12 de abril de 1931 fue un día soleado en Madrid. Un bonito y típico día de la primavera que se abría paso. Era un día que invitaba a pasear. Aunque ese día, además, España estaba convocada a las elecciones municipales a las que estaban convocados todos los hombres mayores de 21 años, tras ocho años sin elecciones municipales, siete años después de que el general Miguel Primo de Rivera dirigiera el país con la aquiescencia y apoyo del entonces Rey Alfonso XIII.
A mediodía, tres personajes Fernando de los Ríos, Miguel Maura y Pedro Rico, candidatos republicanos se dirigían a un conocido restaurante cercano a la plaza de toros. Allí, al calor de la buena mesa y de los generosos caldos, Maura les decía a sus compañeros de mantel que confiaban en la victoria republicana. Los tres brindaron por ello. Esa tarde había en Las Ventas una importante corrida de toros. Pedro Rico, buen aficionado, se levantó de la mesa y les dijo a sus compañeros que se iba a ver la corrida. Las Ventas se encontraba a reventar aquella tarde. Con el paso de las horas, se abría paso el rumor de que la victoria republicana estaba garantizada. Fue entonces cuando los asistentes a la plaza comenzaron a ponerse de pie y a aplaudir. Al principio los que se encontraban en las inmediaciones de Rico, al que habían reconocido le pedían que se pusiera de pie y saludara al público. Él no lo dudó. Se levantó y alzó su mano saludando a los asistentes. Toda la plaza comenzó a aplaudirle como si fuera un torero. La afición taurina madrileña estaba aplaudiendo al futuro alcalde de Madrid.
Una nueva época se abría paso. El fin de la débil y trasnochada monarquía de Alfonso XIII llegaba a su fin. Un fin, sin embargo, que se iniciaba precisamente cuando Primo de Rivera se hacía con el gobierno y daba a paso a la menciona etapa dictatorial.
Pero aquel final tenía un principio que nacía precisamente con el final de la propia dictadura de Primo de Rivera. Tras su forzada dimisión, provocada por el Rey Alfonso XIII, que veía en el general un problema para su propia supervivencia y la de la monarquía, nombrará a otro general: Dámaso Berenguer. Este pretendía establecer un proceso de transición que condujera al régimen constitucional previo a la dictadura, a pesar de que este sistema, o más bien su desprestigio, había conducido a la propia dictadura. Habían sido siete. Siete años en los que uno de los pilares, la monarquía, se había deteriorado considerablemente, a causa de su comprometido y apoyo a la dictadura, hasta el punto de que muchos partidarios de la monarquía habían abandonado a su rey. Berenguer tenía buenas intenciones, pero era difícil volver atrás el reloj del tiempo y regresar al año 1923.
Durante la etapa de Primo de Rivera, Berenguer había adoptado una postura de oposición moderada a la dictadura, lo que no fue obstáculo para que el dictador, en su momento de despedida, presentara al rey una terna de sucesores, entre los que se encontraba el propio Berenguer. Alfonso XIII le eligió a él para formar gobierno por ser el más liberal de los tres.
El general no traicionó la confianza del rey y desde el principio se pronunció sobre su intención de recuperar la normalidad constitucional de la Restauración y anunció una serie de medidas liberalizadores que fueron bien recibidas por la opinión pública. El problema esencial era que aquella era una monarquía sin apenas monárquicos pues, como hemos visto, habían ido abandonando el gobierno por considerar a Alfonso XIII el impulsor y protector de Primo de Rivera. Este gobierno de Berenguer fue llamado, para diferenciarlo de Primo de Rivera, como “Dictablanda” y solamente podía contar con el apoyo de los sectores políticos y sociales más conservadores. Así pues, este nuevo gobierno se volvía a basar en los peores pilares del sistema de la Restauración, cuyo fracaso había conducido al abismo de Primo de Rivera. Pero además, en contraste con la buena situación económica de la dictadura y de las inversiones y desarrollo que se llevó a cabo durante ella, en la nueva etapa se aplicaba una política presupuestaria muy restrictiva sin gasto público de ningún tipo, una falta de inversiones en obras públicas que aumentaba el paro y la crisis económica. Y mientras el Rey seguía dejando pasar los acontecimientos sin actuar.
Esta situación provocó que las fuerzas políticas y sociales antimonárquicas empezaran a movilizarse. Los socialistas, que no habían dudado en apoyar en su momento a Primo de Rivera, se declaraban abiertamente partidarios de terminar ahora con la Monarquía. Y la CNT era legalizada tras la persecución a la que se vio sometida por Primo de Rivera. En agosto de 1930 se firmaba el Pacto de San Sebastián, una alianza entre el republicanismo histórico y el nuevo y con el socialismo de Indalecio Prieto, creando una especie de gobierno provisional en la sombra. El republicanismo español alcanzaba una oportunidad histórica, no por su fuerza, sino por el desprestigio de la Monarquía. Una parte considerable de la sociedad española comenzó a pensar que la alternativa no era regresar al sistema liberal de la Restauración, que había demostrado su incapacidad por evolucionar hacia una plena democracia, sino caminar hacia la República. Los intelectuales alimentaron ideológicamente este escenario y cobraron un gran protagonismo en la opinión pública. Por si fuera poco, en el ejército español había un claro malestar por la situación vivida durante la dictadura. Todos, todos, consideraban a Alfonso XIII el principal culpable de la situación pasada y presente.
En la segunda mitad del año 1930 el gobierno de Dámaso Berenguer entró en una seria crisis a causa de la fuerte caída de la peseta y la creciente movilización republicana en grandes actos públicos. Por su parte, la extrema derecha, contraatacaba con violencia a estas movilizaciones. También el gobierno respondió con medidas represoras frente a los sectores republicanos en el Ejército o deteniendo a los dirigentes más radicales de los republicanos. Las huelgas, organizadas por UGT y CNT, paralizan las grandes ciudades y van creando un clima de crispación que favorece el malestar contra la inacción del gobierno y, lo que es peor, su represión.
Una situación que aprovecha el autoproclamado Gobierno Provisional de la República surgido en el mencionado Pacto de San Sebastián para preparar el levantamiento contra el sistema. Este levantamiento se inicia con una insurrección militar al mando del general Queipo de Llano, el cual sería apoyado por una huelga general. Pero esta sublevación no se organizó muy bien y fracasó. Entonces, el día 12 de diciembre de 1930, los capitales Galán y García Hernández se sublevan en la guarnición Jaca. Pese a que fueron derrotados con por las tropas leales al gobierno, su ejecución, tras un consejo de guerra, aumentó la crispación contra el general Berenguer y su gobierno. Los ejecutados en Jaca se convirtieron en mártires, y los líderes republicanos encarcelados o exiliados recibieron el apoyo popular en grandes manifestaciones.
El general Berenguer preparó la convocatoria de elecciones generales buscando una solución a la situación que se estaba viviendo en España. Pese a que ni los partidarios de la monarquía ni tampoco las republicanos las apoyaban, el gobierno convocó las elecciones generales para el día 1 de marzo. Para que se dieran elecciones era obligatorio que se restablecieran las garantías constitucionales durante la campaña electoral. Ese restablecimiento de libertades fue fundamental para el avance de la causa republicana. Dos días después del decreto de elecciones, nacía la Agrupación al Servicio de la República, creada por Ortega y Gasset y otros destacados intelectuales. Además, para empeorar aún más la situación, destacados liberales, como el conde de Romanones y Manuel García Prieto, solicitaban la abstención electoral, lo que ponía en bandeja el triunfo republicano. Berenguer estaba aislado y optó por dimitir el 14 de febrero. La convocatoria de elecciones se suspendió.
Alfonso XIII intentó nombrar entonces a Santiago Alba pero éste se negó. El tiempo era el principal enemigo y el monarca contactó entonces con Sánchez Guerra, el político conservador que tanto le había criticado y que se había enfrentado a la Dictadura de Primo de Rivera, pero tampoco aceptó el ofrecimiento del Rey. El tiempo y los nombres se agotaban. Al final, el 18 de febrero se formó un gobierno de concentración presidido por el almirante José Bautista Aznar, un personaje con escasa, por no decir nula, experiencia política.
El nuevo gobierno organizó un calendario de consultas electorales, que comenzaría con las municipales para el 12 de abril, las provinciales para el 3 de mayo y, por fin, las generales para el 7 y 14 de mayo. El anuncio de estas electorales fue el inicio de manifestaciones cuyo objetivo era caldear el ambiente y alterar la normalidad social, por otra parte bastante sencillo, que condujera a la solución republicana. La estrategia, que fue ganando día a día, era convertir las primeras elecciones en un auténtico plebiscito contra el sistema político. Contra la monarquía.
La campaña electoral para las municipales frenó la conflictividad. Las elecciones municipales, cuyo objetivo era proporcionar de legitimidad al período de transición, pero fueron otro error estratégico del gobierno, ya que los republicanos y los socialistas eran muy fuertes en las ciudades, donde los conservadores tenían mucho menos influencia que en las zonas rurales, en manos del caciquismo y de la Iglesia. El error vino de que el gobierno confiaba en el voto rural y no se movilizó, ni ellos ni las fuerzas conservadoras y monárquicas, especialmente por el voto. Por el contrario, la coalición republicana-socialista desarrolló una campaña muy activa y organizada. Como hemos dicho, su estrategia consistía en convertir estas elecciones locales en un plebiscito contra la monarquía.
Y llegó aquella tarde de abril donde Pedro Rico era aclamado en Las Ventas ya como vencedor en Madrid, aún con las urnas abiertas. Y mientras él era aclamado, el conde de Romanones pasaba la tarde en su finca de Guadalajara esperando el final del día. En sus memorias reconocería que la jornada electoral, al menos en Madrid, fue tranquila: «El Gobierno eludió cualquier práctica fraudulenta, como el amaño de votos u otras maquinaciones”, pero admitió que aquella tarde tenía un mal presentimiento: «Me bastó saber que en el centro del barrio de Salamanca, donde sólo hay clase media y donde habita la aristocracia de la sangre y del dinero, el escrutinio resultaba adverso para las candidaturas monárquicas para darme cuenta de lo que aquello significaba«.
Y lo curioso es que, en realidad, los monárquicos consiguieron más concejales que los republicanos, superando el número de treinta mil, mientras que la coalición republicana conseguía nueve mil, aproximadamente. Pero muchos concejales monárquicos habían sido proclamados gracias al artículo 29 de la Ley Electoral, que evitaba la votación donde sólo había una candidatura, una situación que se daba especialmente en las zonas rurales. Un hecho que aprovechaban los republicanos para deslegitimar a los candidatos electos rurales, ya que acusaba a estos de ser títeres del caciquismo.
Una estrategia que causaba efecto, pues frente a los 5775 concejales republicanos elegidos, los monárquicos obtuvieron 22.150, es decir, el cuádruplo del republicano. Pero, lejos de reconocer la derrota electoral, los republicanos reivindicaron la victoria basándose que habían conseguido el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincia. Por el contrario, los políticos monárquicos, los miembros del gobierno y el propio Berenguer consideraron que el resultado era un plebiscito y que además demostraba un apoyo importante para la república y un desastre para la monarquía. Es decir, admitían las tesis republicanas que deslegitimaba la victoria monárquica porque se había producido en las zonas rurales y, por el contrario, el triunfo republicano era urbano, en las grandes capitales de provincia. Una especie de harakiri político que los republicanos aprovechaban para proclamar la victoria y, al mismo tiempo, la instauración de la II República.
Romanones intentaba negociar con el Comité Revolucionario una salida a la situación proponiendo la convocatoria de unas elecciones generales. Pero el Comité, con Niceto Alcalá Zamora a la cabeza, no iba a negociar nada. Romanones pidió entonces respeto para el Rey y su familia. La respuesta fue que antes de que finalizara el día toda la familia real tenía que abandonar España.
Alfonso XIII, con el general Rivera, partiría hacia Cartagena, donde embarcó en un buque de la Armada hacia Niza. La reina Victoria y sus hijos partirían en tren hacia Irún.
En España, al día siguiente la bandera roja y gualda nacida en tiempos de Carlos III como enseña nacional era sustituida por la bandera tricolor republicana en todas las ciudades de España.
PASAJERO 56 