Lo hemos oído en algunas ocasiones, especialmente cuando visitamos algún lugar, alguna iglesia o algún monasterio y nos hablan de su función inicial y como se modificó su uso tras el proceso de “desamortización”. Luego, si somos curiosos y ahondamos en el concepto vemos que en, realidad, es sinónimo de expropiación pura y dura. Y, sin embargo, estas medias expropiatorias fueron bastante frecuentes desde finales del siglo XVIII y, especialmente, en el siglo XIX, donde se desarrollaron varios procesos desamortizadores como principal medida liberizadora económica, cuyo fin era la obtención de ingresos por parte del Estado.
Hay que tener en cuenta, a modo de prólogo para entender estos procesos que, durante la Edad Media, la Iglesia católica fue amansando un importante patrimonio, tanto en bienes tangibles, como inmuebles y terrenos, como económico a través de donaciones, cesiones, herencias o bien, a través de conquistas realizadas por las órdenes militares religiosas. Un proceso que tuvo lugar en todo el mundo cristiano, sobre todo a partir de Carlomagno, durante los siglos VIII y XIX, cuando los cristianos empezaron a ganar la salvación eterna donando a las diócesis, iglesias, monasterios y abadías parte de su propia riqueza, terrenos o propiedades urbanas, como palacios, castillos, etc. de forma que, a lo largo del tiempo, la Iglesia se fue haciendo dueña de un patrimonio bastante considerable.
Un ejemplo de ello son los templarios, que fueron amasando una enorme riqueza, y por lo tanto un enorme poder, a partir de su presencia en Tierra Santa durante las Cruzadas, hasta el punto que el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y el entonces Papa, Clemente V, temerosos por el poder que habían acumulados los oficialmente “Pobres Caballeros de Jerusalem”, y viéndose amenazados por ellos, decidieron suprimir la orden, lo que en la práctica supuso la persecución de todos ellos hasta su extinción, con la escena final de su gran Maestre, Jacobo de Molay, juzgado ante la catedral parisina de Notre Dame y su posterior ejecución en la hoguera junto al río Sena.
En España, las órdenes militares colaboraron con los Reyes castellanos, empezando por los mismísimos Reyes Católicos en su cruzada contra la invasión islámica de la Península Ibérica en el siglo VIII, recibiendo a cambio múltiples cesiones como pago de sus servicios. Además, muchos nobles compraban un lugar en el cielo y expiaban sus pecados terrenales a cambio de herencias y cesiones. Todo ello favoreció que la Iglesia católica se convirtiera en el principal terrateniente en España y el principal latifundista, de unos tierras denominadas de “manos muertas”, sin producto ni beneficio alguno para las comunidades de las que formaban parte.
Estas medidas liberizadoras de la económica y, sobre todo, de los medios de producción de los bienes poseídos por entidades que no las podían vender como la Iglesia, la Corona, la nobleza o los municipios, tenían, por lo tanto, la finalidad de acabar con determinados privilegios y proceder así a un reparto más racional y justo de la riqueza. Pero, como veremos, esta era la teoría de un proceso que constituye un elemento esencial para comprender la transformación de la sociedad del Antiguo Régimen al liberalismo, en el que la propiedad se concibe como individual y absoluta en lo que respecta a su gestión.
Estos procesos desamortizadores se inician en España en los últimos años del siglo XVIII, cuando ocupaba el trono el rey Carlos IV, con el inefable Manuel Manuel Godoy como primer ministro o, más bien, “superministro plenipotenciario”. Antes, en la época de los Austrias, los reyes ya habían confiscado y expropiados determinadas encomiendas y posesiones de las Órdenes militares y de bienes eclesiásticos para financiar los elevados costes que suponía mantener un imperio “donde nunca se ponía el sol”. Sin embargo, los dos procesos desamortizadores por excelencia son la del presidente Juan de Dios Álvares Mendizábal, en el año 1835, y la del ministro de Hacienda Pascual Madoz, en1855, ambas conocidas precisamente por el apellido de sus impulsores: Mendizábal, y Madoz.
Fueron momentos críticos para la economía española, en la que la situación del Tesoro Público se encontraba en una situación de especial precariedad, cuyas causas habría que buscarlas, principalmente, en nuestra poco afortunada política exterior, que implicaba con frecuencia a España en algún conflicto bélico, siempre costoso de mantener, y que obligaba al Estado a la necesidad de aumentar sus impuestos en aquellos a los que ya no se les podía recaudar más. Ya en la época de Carlos IV España se vio inmerso en guerras, no solo costosas en si mismas, sino con graves consecuencias económicas por el resultado final de las mismas. La bancarrota, casi crónica, de las arcas públicas llevaba al poder político a dirigir su mirada hacia las propiedades de otro poder: la Iglesia, que conservaba y disfrutaba desde muy antiguo una serie de privilegios y exenciones fiscales casi insultantes en un país que apenas tenía para mantenerse.
Las ideas liberales e ilustradas que se iban abriendo paso durante el siglo XVIII legitimaron este procedimiento liberizador de la economía, que justificaba la enajenación de aquellos que más tenían. Pero además, es en esta época cuando se comprueba el evidente retraso y abandono de la agricultura española y la despoblación de determinadas regiones, así como decadencia del comercio, la falta de iniciativa privada y el empobrecimiento del Estado, todo ello a causa de la falta de iniciativa y del inmovilismo de los que poseían los medios de producción, lo que obligaba al Estado a tomar medidas para reactivar la economía.
Los procesos desamortizadores del siglo XVIII mencionados fueron dirigidos a los sectores que mantenían privilegios que, sin embargo, no se ponían al servicio de la economía, tales como los bienes de la Iglesia; los bienes comunales de los municipios, y los antiguos derechos y privilegios señoriales, herederos de los derechos feudales mantenidos durante el Antiguo Régimen. Y, como consecuencia de ello, se enajenaban y se puso a la venta miles de fincas rústicas y urbanas, a través de subastas públicas y se expropiaron inmuebles con el fin de transformar la estructura de la propiedad. Aúnque esto fue solo teoría y, como mucho, buenas intenciones, porque tales procedimientos solo sirvieron al interés público para paliar la situación, no para remediarla. Para el interés privado fue otra cosa, como veremos.
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Como decíamos antes, el primer ejemplo de desamortización se produce en tiempos de Carlos IV, en el año 1798 cuando, ante la débil situación de la Hacienda pública, la única solución se encuentra en la venta de bienes pertenecientes a casas de Beneficencia, hospicios, hospitales para pobres y patronatos como un remedio no deseado pero necesario. Para ello, Carlos IV obtiene del papa Pío VII la autorización para enajenar las propiedades que se estimasen pertinentes. Pero el inicio del siglo XVIII, comenzó dramáticamente con la invasión francesa de las tropas napoleónicas, lo que derivó en una guerra larga y costosa que complicaría aún más, si cabe, la economía española.
Con las abdicaciones de Bayona, donde Carlos IV y Fernando VII entregan la Corona española a Napoleón Bonaparte, llega a España como nuevo rey de España José I el 20 de julio de 1808. Para un rey ilustrado y liberal, y no olvidemos que masón, no le fue demasiado difícil tomar como una de sus primeras medidas la reducción del número de conventos existentes en su reino a una tercera parte y, un año más tarde, suprimir las órdenes religiosas, dedicando el valor de su patrimonio, incluidos sus tierras y bienes inmuebles, a sanear las arcas públicas. Más tarde, en 1812, las Cortes Generales expropian en favor del estado los bienes de las Órdenes religiosas disueltas o reformadas y, un año más tarde, apenas tres meses de la huida obligada del rey José, las Cortes de Cádiz, incorporan al Estado los bienes de la Compañía de Jesús, de la Orden de San Juan de Jerusalén, y las cuatro Órdenes Militares y los que pertenecían a los conventos y monasterios arruinados y habían sido suprimidos, además de prohibir la reconstrucción de los conventos y monasterios destruidos y ordenar el cierre de aquellos monasterios en los que no haya al menos doce religiosos o la prohibición de que en una misma localidad puedan residir más de una comunidad religiosa de la misma orden.
Afortunadamente para la Iglesia católica, los días de los ilustrados y liberales, empezando por el propio rey José, el abstemio “Pepe Botella”, tenían los días contados y aquel régimen agonizaba en un rincón de la bahía de Cádiz. La caída del reinado napoleónico devuelve al trono español a un Borbón: Fernando VII, alias “el Deseado”, y no pregunten por qué. El regreso de Fernando VII en 1814 supuso también el regreso del absolutismo, empezando por la derogación de la Constitución de 1812 que él mismo había jurado respetar. El déspota rey se rodeó de una camarilla cortesana perteneciente al antiguo régimen, donde la intriga, la corrupción y los privilegios volvían a campar a sus anchas. Pero sobre todo, a crear una administración costosa e insostenible, por su número y por su incompetencia. Eso sí, un Real Decreto de 23 de julio de 1814 devolvía a las órdenes religiosas sus derechos y privilegios y ordenaba la inmediata devolución de sus bienes con la renta que estos hubiesen podido producir desde el día mismo en que fueron expropiados; además, los compradores beneficiados con las compras de los mismos quedaban inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo público. Era una manera de rehabilitar las indiscriminadas expropiaciones anteriores, pero lo esencial es que las arcas del Estado tenían que devolver lo incautado.
La política dictatorial y absolutista de Fernando VII y, sobre todo, la situación económica insostenible provocaron, a los pocos años de su reinado, las críticas de los intelectuales liberales y de la burguesía más influyentes, también de carácter liberal, así como en la población civil, provocando el ruido de sables en los cuarteles, culminando en enero de 1820 con la sublevación del teniente coronel Rafael de Riego, cuyo pronunciamiento, si bien no tuvo el éxito esperado, obligó a Fernando VII a jurar de nuevo la Constitución de 1812 el 10 de marzo de 1820, algo poco difícil para un Rey cuyos juramentos eran directamente proporcional a su nivel intelectual y moral. Daba comienzo al llamado Trienio Liberal, durante el cual las nuevas Cortes intentan poner coto al absolutismo del rey y restablecen antiguos decretos, como por ejemplo Pragmática Sanción de Carlos III de 1767. En lo que concierne a la Iglesia, el 17 de agosto de 1820 decreta la supresión de la Compañía de Jesús, cuyos miembros son expulsados de España y trasladados a Italia, y el 1 de octubre, quedan suprimidos también todos los monasterios de las órdenes religiosas, así como los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y otros, incorporando a la Corona todos los bienes incautados.
Mientras, Fernando VII aparentaba acatar el régimen constitucional mientras conspiraba secretamente para restablecer el absolutismo, razón por la cual solicitó ayuda a las potencias europeas extrajeras, cuya llamada fue atendida por Francia con el envío a España de los llamados “Cien Mil Hijos de San Luis”, con el objetivo de restablecer el absolutismo. No tardó Fernando VII en volver a traicionar su segundo juramento constitucional y, por lo tanto, dejar sin efecto todos los cambios introducidos por del Trienio liberal. Así, por ejemplo, se restablecieron los privilegios de los señoríos y mayorazgos, y a la Iglesia le fueron devueltos todos los bienes que le habían sido sustraídos.
El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII, dejando como heredera del trono a su hija Isabel, con apenas tres años de edad, y a su esposa, María Cristina de Nápoles, a cargo de la Regencia. Como hemos visto en el capítulo dedicado a Isabel, el Rey abolió la Ley Sálica y aplicó la Pragmática Sanción, lo que provocó el enfrentamiento con su hermano, el infante Carlos Marías Isidro y sus partidarios, los llamados “carlistas”. Pero la niña Isabel no tenía fácil reinar. Heredaba un reino arruinado en lo social, político y, lo que era aún pero, en lo económico, lo que la obligará a María Cristina a nombrar en 1834 primer ministro a Juan Álvarez Mendizábal, quien toma como principal medida económica para hacer frente a los enormes gastos del Estado y al coste de la guerra carlista la puesta en marcha de un proceso de desamortización de los bienes de la Iglesia, que además de mantener sus privilegios apoya al carlismo.
Así, entre 1835 y 1836 decreta la supresión de un gran número de conventos y congregaciones religiosas, a excepción de aquellas que se dedican a la beneficencia, hospicios y hospitales de los más necesitados, cuyos bienes pasan a manos del Estado, para ser vendidos luego en pública subasta, y dedicar el dinero a la amortización de la Deuda Pública. La guerra obligaba al Estado a obtener recursos y se difundió en el país un clima anticlerical al responsabilizar a la Iglesia de poseer unos bienes que no generaban riqueza alguna y de no seguir su propio catecismo: repartir entre los pobres. Ello facilito a los gobiernos liberales la desamortización, de cuya acción resulto que dos mil conventos existentes solo quedaron alrededor de trescientos.
Más tarde, será el general Baldomero Espartero quien el 2 de septiembre de 1841 decreta la venta de las fincas y bienes del clero secular. El valor en fincas rústicas y urbanas que poseía el clero era considerable y, a la hora de las subastas, quedó demostrado que su valor real era mucho mayor que el tasado. Las fincas eran tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida. En la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Aquellas subastas se convirtieron en un buen negocio, ya que solo se abonaba el 20% al contado. Las comisiones municipales, las encargadas de preparar los lotes, aprovechaban para poner en subasta terrenos inasequibles a los pequeños propietarios, favoreciendo los intereses de la oligarquía, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños, con el único interés de especular con ellos.
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Para acabar con los privilegios de los terratenientes, las Cortes de Cádiz habían decretado, el 6 de agosto de 1811, la abolición de los señoríos. Y más tarde, durante el Trienio Liberal se dicta una ley exigiendo a los propietarios de los latifundios la acreditación escrita de la propiedad que poseían para mantener el derecho sobre las tierras. El régimen señorial quedó definitivamente abolido durante la Regencia de María Cristina, cuyo Gobierno, el 26 de agosto de 1837, lo que provocó que el campesinado se quedara sin tierras para trabajar y a expensas de la libre voluntad de la clase alta que, en posesión de todas las tierras, fue la única que salió beneficiada.
Cuando en 1843 es proclamada la mayoría de edad de Isabel II, lo que la habilita para gobernar por si misma, se iniciaba un nuevo camino hacia el absolutismo y al mantenimiento de los privilegios de la iglesia de la nobleza. Las nuevas Cortes suspendieron la venta de los bienes urbanos y rústicos requisados y, en 1851, España suscribió un Concordato con la Santa Sede, por el cual el Gobierno, en compensación por los daños causados a causa de la desamortización, adquiría el firme compromiso de devolver a la Iglesia las fincas no vendidas, sostener el culto, y subvencionar al clero y a los seminarios.
Las medidas desamortizadoras regresarán de nuevo a través del ministro de Hacienda Pascual Madoz Ibáñez. La “Vicalvarada” de 28 de junio de 1854 y sus consecuencias, como la llegada al gobierno de los progresistas, obligaban a nuevas medidas para paliar la quiebra de la hacienda pública. Así, el 1 de mayo de 1855, el ministro Madoz firma una ley expropiando para su posterior venta los bienes pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, y se todos aquellos bienes pertenecientes a “manos muertas”, a excepción de los edificios destinados al servicio público, benéficos, hospitales, escuelas o los dedicados a residencia, mientras estén ocupados.
Como consecuencia de ello, se expropiaron un número de bienes cuyo volumen era muy superior a la de 1836. Pero sus efectos prácticos fueron muy similares. A pesar de que el dinero recaudado por el Estado había sido mucho mayor, de nuevo solo se consiguió un cambio de propietarios de los bienes, y muchos municipios se vieron sin recursos y sin posibilidades de dar trabajo.
La nuevos propietarios se hacen con terrenos, pero carecen de la experiencia necesaria para hacerlas productivas y con voluntad escasa para acometerlas. Además, la falta de créditos bancarios, los altos impuestos con los que están gravados los terrenos que no son explotados y el retraso en el que se encuentra el medio rural, provoca esta falta de productividad y de competitividad en los mercados, especialmente en exterior. Y como consecuencia de ello, los propietarios acuden a la congelación de los salarios para compensar los altos costes y las pérdidas, lo que da origen a una falta de poder adquisitivo de las clases populares, un campo de cultivo, nunca mejor dicho, que provocará levantamientos entre los campesinos y el éxodo rural hacia las zonas urbanas, lo que agudiza, aún más si cabe, el problema estructural del medio rural.
Para un gobierno, o por mejor decir, sucesión de gobiernos, más preocupado por los problemas del Estado, la guerra carlista, las crisis y el inicio de la pérdida de las colonias americanas, los problemas del medio rural le pillan demasiado lejos para buscar soluciones. En el único sector donde España puede competir, como es el vitivinícola, la plaga de la filoxera arruina al sector. En la ganadería tampoco somos competitivos y, a pesar de que España era un país con un importante excedente de ganado lanar, nos veíamos obligados a importar lana.
Así pues, aquellas medidas desamortizadoras, anunciadas por los gobiernos como medidas progresistas, tanto en términos económicos como sociales, son, en realidad, medidas reaccionarias. Se sustituían unos propietarios por otros, creando una burguesía de carácter urbano y un nuevo personaje, el terrateniente, sin experiencia alguna en el campo, sin idea alguna en el campo, y sin interés alguno en el campo. En ningún caso se distribuyeron los terrenos entre los campesinos que durante años. Al contrario, las parcelas antes cedidas o arrendadas por el clero al campesinado generación tras generación son adquiridas por el terrateniente creando un nuevo tipo de propiedad: el latifundio.
Como conclusión, las medidas desamortizadores del siglo XIX, no fueron eficaces ni suficientes en el ámbito económico y social, más bien al contrario: las propiedades expropiadas y vendidas en pública subasta, que por otra parte carecían de la transparencia debida, eran adquiridas por la burguesía urbana, más con carácter especulativo que por interés productivo, lo que favoreció la aparición del terrateniente y del latifundismo, en detrimento de los colonos y campesinos, a quienes no quedó otro recurso que en unas esas mismas tierras donde había trabajado durante generaciones en calidad de jornaleros sometidos a la ley laboral de la oferta y la demanda, es decir, con salarios más bajos y con escasos medios. De esta forma, el medio rural, que podía haber jugado un papel dinamizador importante de la economía, quedará arruinado y condenado a rebelarse contra aquellos que han especulado contra ellos.
PASAJERO 56 
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